EEUU maniobró en la Audiencia Nacional para frenar casos

Cándido Conde Pumpido, en su despacho de la Fiscalía General del Estado.- GORKA LEJARCEGI

FUENTE | elpais.com

La embajada intentó boicotear las causas ‘Guantánamo’, ‘Couso’ y ‘vuelos de la CIA’.- Políticos y fiscales españoles colaboraron en la estrategia

La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha desplegado en los últimos años importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en casos de torturas en Guantánamo, crímenes de guerra en Irak o secuestros en los vuelos de la CIA. La legación diplomática estadounidense ha dejado constancia escrita de esa actividad en algunos de sus miles de documentos secretos, clasificados o reservados a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El propio embajador entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, nombrado por la Administración Bush, ha dirigido personalmente muchas de las presiones ejercidas sobre el Gobierno español o las autoridades judiciales españolas, pero de los informes secretos se desprende que EE UU contó con el apoyo de importantes contactos en España. Entre estos destacan los del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza.

«Se me está acabando la paciencia», advirtió el embajador Aguirre a La Moncloa

Aguirre usó las visitas de políticos de EE UU a España para intentar que los procesos naufragaran

Conde-Pumpido y varios fiscales de la Audiencia comunicaron a EE UU su deseo de cerrar los casos

El Gobierno trasladó a EE UU su rechazo a una investigación judicial sobre Guantánamo

El fiscal Zaragoza dijo a la embajada que intentaría evitar que Garzón se ocupase de Guantánamo

«Es un enamorado de la propaganda (…) No nos hagamos ilusiones», dicen los informes sobre Garzón

«Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EE UU», advirtió Aguirre el 21 de marzo de 2007 a Carles Casajuana, entonces el principal asesor diplomático en La Moncloa y hoy embajador en Londres. Ese miércoles, los dos cargos más importantes de la embajada contactaron con autoridades españolas para frenar las críticas a EE UU en el cuarto aniversario de la invasión de Irak, como se recoge en los informes «confidenciales» de la legación fechados el 21 y el 23 de marzo de 2007.

El día 20, coincidiendo con manifestaciones en la calle contra la guerra de Irak, todos los grupos parlamentarios, salvo el del PP, habían pactado una proposición no de ley para condenar esa guerra «unilateral y al margen de la ONU». Ese mismo día, el juez Baltasar Garzón había publicado en EL PAÍS un artículo en el que abogaba por una investigación judicial sobre esa guerra. «650.000 muertos son un argumento suficiente para que esa investigación se aborde sin más dilación», argumentaba el magistrado al apuntar una eventual causa contra Bush y Aznar. José Blanco, secretario de Organización del PSOE, se había sumado a la idea -«alguien tiene que pagar las consecuencias de esa decisión y de ese horror», declaró- y el segundo de Aguirre recibió la orden de transmitir al dirigente socialista un aviso «similar» del descontento estadounidense, como se especifica en el documento «confidencial» del día 21.

La preocupación de la embajada por aquel clima político se sumaba a la que tenía en esos meses por la marcha de dos procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional y que afectaban a intereses de EE UU: la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 por disparos de un tanque estadounidense, con su correspondiente querella presentada el 29 de mayo de 2003; y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas en aviones que hicieron escala en España, un caso que llegó a la Audiencia el 12 de junio de 2006.

En ambos casos, los informes secretos muestran que la embajada contó con buena información sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboración de autoridades del Gobierno, así como del fiscal general del Estado y los fiscales Javier Zaragoza y Vicente González Mota. Para conseguirlo, el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus propios despachos, se reunieron con jueces y utilizaron las visitas de políticos estadounidenses a España para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.

Argentina reabre la recuperación de la memoria histórica española

Reunión de refugiados republicanos con la bandera tricolor celebran la noticia

FUENTE | elpais.com

Argentina reabre la causa contra el franquismo. La Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal ha declarado este viernes nulo el auto de la juez María Romilda Servini de Cubría por el que archivó la querella por genocidio presentada en Buenos Aires el pasado 14 de abril por familiares de desaparecidos españoles y las diez organizaciones de derechos humanos más importantes del país.

Los miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, personada en la causa, están «muy emocionados por la noticia». Su vicepresidente, Santiago Macías, que viajó a Buenos Aires para presentar la querella el pasado 14 de abril, declaró que tienen «mucha ilusión puesta en este proceso» después de que en España se les hubieran cerrado todas las puertas. «¡Estamos muy contentos!», ha exclamado. Respecto a la respuesta que pueda dar el Gobierno español al exhorto por vía diplomática que enviará Argentina para que aclare si en España ya se está investigando el genocidio franquista, Macías se teme cualquier cosa y lo peor. «Cuando presentamos la querella, José Bono dijo que locos había en todas partes. Si responden que en España ya se ha investigado estarían mintiendo, y todo el que está afectado sabe por qué.

Lo único que hay en España es una ley de memoria que da subvenciones a los familiares para que busquen a sus desaparecidos. Si el Gobierno respeta tanto a la justicia como dice, incluso cuando toma la decisión que ha tomado sobre

el juez Baltasar Garzón, debería respetar también a la justicia argentina, que en este aspecto, ha hecho bastante más que la española».

El auto, firmado por el juez Horacio Holando Cattani, declara nulo «por carecer de fundamentación y de sustento en el ordenamiento procesal vigente» el archivo de la causa y estima la petición de los querellantes de que se libre exhorto por vía diplomática «a fin de que el Gobierno español informe si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física llevado a cabo en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977».

El juez señala que el fiscal obtuvo «de Internet» la argumentación por la que decidió no apoyar la apertura de la causa y que motivó que la juez decidiera archivarla, esto es, que en España ya estaba abierta «una investigación penal con idéntico objeto». Y añade que el hecho de que el fiscal fuera partidario de no abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo no debiera implicar el coerre automático de la causa porque de lo contrario no se estaría garantizando «el derecho a la tutela judicial efectiva».

La primera razón por la que un Estado debe perseguir un delito, explica el juez, es «la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, entendiendo a la persecución penal como un corolario necesario del derecho de todo individuo a obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en el que se establezca la existencia o no de la violación a su derecho, se identifique a los responsables y se les impongan las sanciones pertinentes».

Beinusz Szmukler, abogado de los querellantes, opinó que la respuesta del Gobierno español a ese exhorto por vía diplomática para que explique si en España hay abierta una «investigación penal con idéntico objeto» en ningún caso podría ser sí, «porque en España desde que el juez Baltasar Garzón repartió la causa entre los juzgados territoriales, se investiga la desaparición de personas concretas, pero no un genocidio».