El gobierno español ha tenido relación con las ilegalidades de EEUU

SEGÚN INFORMA WIKILEAKS
FUENTE | elpais.com

EE UU contaba con el Gobierno y los fiscales para cerrar el ‘caso Couso’.- Un cable de la Embajada de Estados Unidos afirma que Conde-Pumpido dijo a Aguirre que hacía lo que podía para el archivo de la causa por la muerte en Bagdad del cámara de Telecinco.- «Moratinos asegura que la vicepresidenta De la Vega se ha implicado en el asunto»

Conseguir el archivo del caso Couso en la Audiencia Nacional ha sido uno de los objetivos prioritarios de la Embajada de Estados Unidos en Madrid durante los últimos siete años. En su lucha diplomática, la legación presionó en dos direcciones. Por un lado, mantuvo contactos con miembros del Ejecutivo: con la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega; con los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores en ese momento, Juan Fernando López Aguilar y Miguel Ángel Moratinos, y con el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández. Por otro, se dirigió directamente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. El apoyo del Ejecutivo español, según la embajada estadounidense, era total. Un telegrama confidencial de fecha 21 de octubre de 2005 y firmado por el entonces embajador Eduardo Aguirre llevaba como título: «Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional» . Se refería a las que había dictado dos días antes el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso, contra los tres soldados involucrados en la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 tras el disparo de un tanque estadounidense.

«La embajada continuará con los contactos con el Gobierno para presionar y que se archive el caso»

«Moratinos asegura que la vicepresidenta De la Vega se ha implicado en el asunto»

La embajada no tenía dudas sobre lo que quería -y según los telegramas diplomáticos, obtenía- del Ejecutivo español. El embajador escribió en un cable dirigido a su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, días antes de su visita oficial a Madrid el 1 de junio de 2007 ( telegrama 109781 ) , que «el Gobierno de España» había «ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara [las decisiones del juez]». Le recomendaba también que, en su reunión con el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, le hiciera notar la «constante preocupación» del Gobierno de EE UU por la causa. Concluía que era importante que hubiera «una continua vigilancia y cooperación por parte del Ejecutivo» hasta que el asunto decayera.

La legación admitía que aunque en público los diplomáticos mostraban «respeto por la independencia del sistema judicial español» y por «la trágica muerte» de Couso, «entre bastidores», luchaban «con uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos» contra los tres militares implicados. Son las palabras textuales de un telegrama confidencial enviado al Departamento de Estado el 14 de mayo de 2007 (informe 108143) .

El cámara de Telecinco José Couso murió el 8 de abril de 2003 durante la toma de Bagdad. Un blindado norteamericano disparó hacia el hotel en el que se alojaba, el Palestina. El proyectil impactó en la habitación 1503, mató al cámara ucraniano de Reuters Taras Protsyuk y dejó otros tres periodistas heridos. Couso estaba grabando en la terraza del piso de abajo. Resultó gravemente herido y murió horas más tarde en el hospital mientras los médicos trataban de salvarle la vida y después de que tuvieran que amputarle una pierna. El 27 de mayo la familia se querelló contra los autores de los disparos. Se abrió un procedimiento penal en la Audiencia Nacional.

EEUU maniobró en la Audiencia Nacional para frenar casos

Cándido Conde Pumpido, en su despacho de la Fiscalía General del Estado.- GORKA LEJARCEGI

FUENTE | elpais.com

La embajada intentó boicotear las causas ‘Guantánamo’, ‘Couso’ y ‘vuelos de la CIA’.- Políticos y fiscales españoles colaboraron en la estrategia

La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha desplegado en los últimos años importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en casos de torturas en Guantánamo, crímenes de guerra en Irak o secuestros en los vuelos de la CIA. La legación diplomática estadounidense ha dejado constancia escrita de esa actividad en algunos de sus miles de documentos secretos, clasificados o reservados a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El propio embajador entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, nombrado por la Administración Bush, ha dirigido personalmente muchas de las presiones ejercidas sobre el Gobierno español o las autoridades judiciales españolas, pero de los informes secretos se desprende que EE UU contó con el apoyo de importantes contactos en España. Entre estos destacan los del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza.

«Se me está acabando la paciencia», advirtió el embajador Aguirre a La Moncloa

Aguirre usó las visitas de políticos de EE UU a España para intentar que los procesos naufragaran

Conde-Pumpido y varios fiscales de la Audiencia comunicaron a EE UU su deseo de cerrar los casos

El Gobierno trasladó a EE UU su rechazo a una investigación judicial sobre Guantánamo

El fiscal Zaragoza dijo a la embajada que intentaría evitar que Garzón se ocupase de Guantánamo

«Es un enamorado de la propaganda (…) No nos hagamos ilusiones», dicen los informes sobre Garzón

«Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EE UU», advirtió Aguirre el 21 de marzo de 2007 a Carles Casajuana, entonces el principal asesor diplomático en La Moncloa y hoy embajador en Londres. Ese miércoles, los dos cargos más importantes de la embajada contactaron con autoridades españolas para frenar las críticas a EE UU en el cuarto aniversario de la invasión de Irak, como se recoge en los informes «confidenciales» de la legación fechados el 21 y el 23 de marzo de 2007.

El día 20, coincidiendo con manifestaciones en la calle contra la guerra de Irak, todos los grupos parlamentarios, salvo el del PP, habían pactado una proposición no de ley para condenar esa guerra «unilateral y al margen de la ONU». Ese mismo día, el juez Baltasar Garzón había publicado en EL PAÍS un artículo en el que abogaba por una investigación judicial sobre esa guerra. «650.000 muertos son un argumento suficiente para que esa investigación se aborde sin más dilación», argumentaba el magistrado al apuntar una eventual causa contra Bush y Aznar. José Blanco, secretario de Organización del PSOE, se había sumado a la idea -«alguien tiene que pagar las consecuencias de esa decisión y de ese horror», declaró- y el segundo de Aguirre recibió la orden de transmitir al dirigente socialista un aviso «similar» del descontento estadounidense, como se especifica en el documento «confidencial» del día 21.

La preocupación de la embajada por aquel clima político se sumaba a la que tenía en esos meses por la marcha de dos procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional y que afectaban a intereses de EE UU: la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 por disparos de un tanque estadounidense, con su correspondiente querella presentada el 29 de mayo de 2003; y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas en aviones que hicieron escala en España, un caso que llegó a la Audiencia el 12 de junio de 2006.

En ambos casos, los informes secretos muestran que la embajada contó con buena información sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboración de autoridades del Gobierno, así como del fiscal general del Estado y los fiscales Javier Zaragoza y Vicente González Mota. Para conseguirlo, el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus propios despachos, se reunieron con jueces y utilizaron las visitas de políticos estadounidenses a España para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.